Elección del fiscal general de la Corte: de las sombras del palacio a la luz del voto popular

Recientemente se eligió en nuestra provincia al Fiscal General de la Corte. El nombramiento recayó en Guillermo Baigorrí, Juez de Cámara Laboral. En torno a esa elección que fue llevada a cabo por la Legislatura provincial se desató un debate sobre la conveniencia o no del nombramiento.

El problema reside en que si bien desde lo formal cumplió con todos los requisitos establecidos en la Constitución Provincial: (El Consejo de la Magistratura eligió una terna entre la que estaba Baigorrí y luego la legislatura con la mayoría de sus miembros eligió de entre esa terna al nuevo Fiscal) en realidad y en términos facticos fue el gobernador provincial Marcelo Orrego el que eligió a Baigorrí. Primero influyó en el Consejo de la Magistratura para que el nuevo Fiscal esté en la terna y luego presionó en la Legislatura para que ésta elija a su candidato.

De hecho, la información periodística (que no abunda) sostiene que Roberto Basualdo se encargó de llamar a varios legisladores para “persuadir” sobre la elección. Es bueno recordar que Baigorrí fue parte del espacio político de Basualdo (hoy de Orrego) y hasta fue elegido Diputado y luego Senador (renunciando a este ultimo cargo para que asuma Basualdo)

Es decir, en un sistema político republicano de división de poderes con frenos y contrapesos es el gobernador el que finalmente elije a un funcionario clave del poder judicial.

Pero ¿Por qué decimos que es un puesto clave del poder judicial? Básicamente porque el Fiscal de la Corte es un cargo vitalicio, jefe de todos los fiscales de San Juan y tiene la titularidad de la acción penal. De él depende la decisión sobre que delitos perseguir y con qué intensidad hacerlo (política criminal). Puede influir en fiscales penales de primera instancia (que por ejemplo decidan investigar a algún funcionario público), puede pedir a la Corte de Justicia que declare inconstitucional alguna ley, puede también instruir a los fiscales penales para que persigan como prioridad a delitos vinculados a la protesta social etc.

¿ES LEGAL LA ELECCIÓN?

En principio si, porque como dije se cumplieron todos los pasos, sin embargo, es bueno hacer un análisis más fino, sobre todo frente a un espacio político como el de Orrego que siempre se jacto de ser “republicano” y defensor de las instituciones.

Nuestra Constitución Nacional y Provincial adopta un sistema de gobierno republicano. Entre las características principales de ese republicanismo se encuentra la división de poderes con sus frenos y contrapesos. Este sistema, copiado de la Constitución de EEUU está pensado para que el control al poder estatal sea ejercido internamente por los propios órganos. Es decir, no se le da a la ciudadanía el poder de controlar a los funcionarios, sino que se decide deliberadamente dar herramientas a cada poder, así por ejemplo el Ejecutivo puede vetar leyes, el legislativo puede remover por juicio político y el Judicial puede declarar inconstitucional leyes y actos estatales.

En el caso concreto de nuestra Constitución Provincial la “idea” de los Constituyentes fue que el Poder Judicial fuera independiente de el resto de los Poderes. Con esta lógica se determinó que: a) El Fiscal de la Corte sea elegido por el Poder legislativo Y NO POR EL EJECUTIVO y para hacer más transparente aún el proceso, ya que puede y suele pasar que la legislatura posea mayoría del oficialismo se determinó que la elección surgirá de una TERNA que sea elegida por un Órgano denominado Consejo de la Magistratura. Este Órgano perteneciente al Poder Judicial está compuesto por cinco miembros (un representante del Ejecutivo, uno del legislativo, uno del Judicial (Corte) y dos abogados.

En dicho órgano es sabido (en general y en el caso concreto) que los Poderes Ejecutivos tienen una gran influencia, no sólo con su representante sino también con el resto de los integrantes (no por nada los gobiernos de turno siempre participan de manera solapada de las elecciones del foro de abogados). Es evidente que este sistema que se pensó “puro e imparcial”presenta fallas que hacen que en la práctica sea quién ejerce el poder ejecutivo el que termine eligiendo a este tipo de funcionarios.

 La pregunta es ¿Por qué no es el pueblo y la ciudadanía el que elije mediante el voto popular al Fiscal de la Corte? Esta pregunta podríamos hacerla extensiva al resto de los integrantes del poder judicial.

Históricamente a nivel Nacional y también en las provincias existió un temor y una decisión de que las mayorías no participen de las decisiones políticas importantes. El diseño constitucional, como dije antes diagramó un sistema en el que los poderes se controlan entre sí y no es la ciudadanía la que ejerce un control exógeno. Se entendía que esas mayorías incultas (no propietarias) no estaban capacitadas para decidir. También hay que decir que las clases dominantes (propietarias) siguieron manejando al país y/o provincia en lo local, en muchos casos ocupando cargos directamente o si no influyendo, presionando y condicionando a los funcionarios de turnos.

Tal es así que, en sus inicios, la población no votaba, lo que ocurría era una simulación de elección, absolutamente fraudulenta, proceso que fue modificado parcialmente con la ley Saenz Peña y luego con el voto femenino. Después de muchos años por fin se pudo votar a funcionarios de los poderes legislativos y ejecutivos.

Sin embargo, en relación al Poder Judicial, hasta la fecha, sus integrantes siguen siendo elegidos por el resto de los poderes y no por la ciudadanía. A nivel Nacional es el Presidente con acuerdo del Senado el que elije a Jueces de la Corte (a los inferiores mediante ternas previas elegidas  por el Consejo de la Magistratura de la Nación). En el caso de San Juan, es la Legislatura la que elije a los Jueces (Al Fiscal Gral. de la Corte también) en base a ternas del Consejo de la Magistratura provincial. Este sistema como dije deja afuera a la población y termina siendo muchas veces una pantomima de una elección del gobernador.

Pensemos que los Jueces y Fiscales tienen nuestra libertad y nuestro patrimonio en sus decisiones, de ellos dependen el control al resto de los funcionarios. Sin embargo, así como un gobernador o un legislador debe rendir cuenta a la población, con los magistrados ocurre que prácticamente no se les conoce la cara, pueden estar involucrados en los hechos más graves de corrupción y caminan por la calle como uno más. En sus manos está por ejemplo declarar inválidas normas emitidas por funcionarios elegidos por el pueblo, la última palabra la tienen ellos.

¿Es posible un sistema de elección de funcionarios judiciales por elección directa de la población?

No sólo es posible, sino que existen países que lo adoptaron. En EEUU por ejemplo los Fiscales de distrito estatales son elegidos por la ciudadanía mediante el voto popular, en México recientemente se aprobó una reforma y se eligieron Jueces. En general quienes se resisten a este sistema de elección directa temen que el oficialismo pueda influir en las elecciones y la ciudadanía termine votando a Jueces afines al poder político, pero en todo caso podría uno preguntarse porque estos mismos detractores asienten y consienten elecciones como la del Fiscal Baigorrí en donde es de público conocimiento que fue elegido por el partido gobernante por ser una persona que garantizará fidelidad absoluta al gobernador.

Necesidad de avanzar con una reforma Constitucional Provincial

Nuestra Constitución Provincial, al igual que la Nacional desconfió siempre de las mayorías y las excluyó de las decisiones. Con la última reforma de 1986 se dejó pasar una gran oportunidad. Aquella reforma fue activada por el Bloquismo quién terminó perdiendo las elecciones a Convencionales Constituyentes, con lo cual fue el radicalismo el que terminó modificando la Constitución al ganar la elección. En la misma se introdujeron decenas de nuevos derechos, tanto civiles, políticos como sociales, se introdujo la idea de una democracia “participativa”, sin embargo, prácticamente no se tocó lo que Constitucionalistas como Roberto Gargarella llama “la sala de máquinas de la Constitución”.

De nada sirve proclamar la democracia, el sistema republicano, los derechos sociales si las decisiones la siguen tomando unos pocos. Un sistema judicial conservador, oportunista, fiel al poder que lo eligió (o al que este de turno), más pensando en no molestar a ningún poder fáctico para no poner en peligro la “estabilidad” del cargo.

Es necesario que la próxima reforma permite que sea la ciudadanía la que elija a los funcionarios judiciales, se puede discutir las maneras, las formas, a que tipo de funcionarios y a cuáles no, pero hay que avanzar en ese camino.

El cargo de Fiscal General de la Corte es clave en la vida cotidiana de todos los sanjuaninos, desde una mujer golpeada, una víctima de robo, un accidente de tránsito o una investigación por corrupción contra el gobierno de turno. Guillermo Baigorrí fue elegido por EL GOBERNADOR y mantendrá su cargo de manera vitalicia, probablemente muchos de nosotros no veremos a otro Fiscal en lo que queda de nuestras vidas. El Pueblo merece participar en estas decisiones, de lo contrario la democracia y la república son sólo una cascara vacía.

Javier Alamino

Abogado – Docente UNSJ