El otoño como una amenaza
Diputados de la Nación aprobó eliminar el Régimen de zona fría. El proyecto pasa al Senado. El economista de la UNSJ Marcelo Alós dijo que “la decisión política no es que paguen el ajuste quienes más tienen”. Emilio Furlán, también de la UNSJ, habló de quién termina financiando a las empresas.
La Camara de Diputados de la Nación votó a favor de un proyecto del Gobierno nacional para modificar el Régimen de zona fría. De esa manera, el proyecto pasó al Senado, donde, de aprobarse, habría más ajustes en la tarifa de gas para usuarios y usuarias de gran parte del país, incluida la provincia de San Juan.
Marcelo Alós, economista e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, recordó que el subsidio a la tarifa de gas por zona fría se ha reducido a las zonas que originalmente lo tenían Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. “Si se sanciona la ley de la reforma, los hogares que se incluyeron sólo acceden al subsidio adicional si están inscriptos en el Registro Subsidios Energéticos Focalizados. Para acceder a ese beneficio deben tener un ingreso neto de menos de tres Canastas Básicas Totales (CBT), o sea 1.426.959 millones de pesos”, explicó. Cabe recordar que CBT es igual a 475.653 pesos según datos de INDEC a abril de 2026.
Según informaciones periodísticas, el sistema hoy se financia con un recargo de hasta el 7,5 por ciento sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, que es abonado por usuarios/as de todo el país. El Gobierno sostiene que eso ya no alcanza.
Por ello, Info U consultó a Alós si el Estado nacional no debería obtener dinero mediante otros impuestos a sectores con mayor poder económico. “Habría que constatar los cálculos para saber si alcanza o no. Si es como dice el Gobierno, en todo caso se ajusta el 7,5 por ciento, o sea, se sube, para mantener el beneficio y no acudir al fisco para financiar. Por otro lado, si se sacan las zonas que se incluyeron y no el 7,5%, ¿qué se hace con los fondos del Fideicomiso que sobran? La decisión política de este Gobierno no es que paguen el ajuste quienes mas tienen”, aseguró.
Esa política
En ese sentido, el docente y economista de la UNSJ Emilio Furlán indicó que en Argentina el Plan Gas.Ar les permite a las empresas productoras de gas un precio diferencial del millón de BTU (un millón de BTU es equivalente a 27 metros cúbicos), unidad por la cual se mide la entrega del fluido al sistema domiciliario. “El costo de producción de un millón de BTU es de unos 0,75 dólares y el Estado argentino paga a las empresas productoras alrededor de 4,5 dólares por millón de BTU. Esto es una política contraria al ahorro fiscal, y que tenía en su origen la intención de estimular la inversión en el sector energético, fundamentalmente en Vaca Muerta”.
Quién paga
Furlán señaló que con el proyecto aprobado en Diputados “lo que hace el Estado es transferirle esa inyección o estímulo fiscal que reciben las empresas productoras directamente a los usuarios». «Hay que tener en cuenta que en Argentina una empresa productora de gas cobra tres veces más que una empresa de Estados Unidos o de Canadá. Este costo diferencial lo pagarán las familias. Son las que financian a las empresas que ya obtienen fabulosas ganancias en la explotación de hidrocarburos. En las boletas recibimos tarifas de entre tres o cuatro veces más de lo que reciben usuarios en Estados Unidos. Esto es producto del Plan Gas que distorsiona los precios no solamente de familias sino de las industrias”, evaluó el economista.