La Ley de Desarrollo Local Minero abre una oportunidad, pero CASEMICA pide garantías para la mano de obra sanjuanina

La reciente aprobación de la Ley de Desarrollo Local Minero abrió expectativas entre las cámaras proveedoras de San Juan, aunque también dejó interrogantes sobre su aplicación concreta. Desde la Cámara de Proveedores Mineros de Calingasta (CASEMICA), su presidente, Adolfo Ibaceta, consideró que la norma representa un avance, pero advirtió que, por sí sola, no garantiza una mayor participación de las empresas y trabajadores sanjuaninos en los grandes proyectos mineros.

Según explicó, la ley debe entenderse como una herramienta de promoción de ofertas y no como una obligación para las compañías. Es decir, busca incentivar que las operadoras y contratistas incluyan mano de obra y proveedores locales en las licitaciones, pero no establece porcentajes mínimos de contratación, por lo que su cumplimiento dependerá, en gran medida, de la voluntad de las empresas y de los mecanismos de seguimiento que establezca la reglamentación.

Ibaceta señaló que la expectativa está puesta en el decreto reglamentario, ya que allí se definirá el funcionamiento de la comisión técnica y del Consejo Consultivo, organismos que deberán evaluar las ofertas y realizar el seguimiento de la aplicación de la norma.

Uno de los principales reclamos de CASEMICA es que exista una relación permanente entre las empresas mineras y los proveedores locales. En ese sentido, destacó la importancia de mantener reuniones periódicas con las operadoras para conocer con anticipación qué servicios requerirán, cuáles son los estándares que deberán cumplir las empresas sanjuaninas y qué aspectos necesitan mejorar para poder competir.

El dirigente sostuvo que el verdadero desafío no pasa solamente por aprobar una ley, sino por fortalecer el desarrollo local. Para ello, consideró indispensable que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a líneas de crédito, financiamiento y herramientas que les permitan invertir, ampliar su capacidad operativa y estar en condiciones de responder a las exigencias de los grandes proyectos mineros.

Desde Calingasta, la preocupación es aún mayor ante el inminente inicio de obras de gran escala. Ibaceta explicó que las empresas del departamento podrán participar en algunas obras de infraestructura, como la instalación de cañerías sobre el río San Juan y la construcción de un puente definitivo, donde las firmas locales tienen experiencia.

Sin embargo, advirtió que la mayor parte de la construcción de los futuros emprendimientos será adjudicada mediante licitaciones internacionales. En el caso del proyecto Los Azules, indicó que una parte menor de las obras sería ejecutada por administración directa, mientras que el resto quedará en manos de grandes contratistas multinacionales.

Esa situación genera incertidumbre entre los proveedores sanjuaninos. Según explicó, varias empresas internacionales ya avanzan en los procesos de selección y muchas de ellas son prácticamente desconocidas para las cámaras locales. Esa realidad despierta dudas sobre cuál será el espacio real que tendrán las empresas de San Juan dentro de la cadena de valor minera.

Para Ibaceta, la ley puede transformarse en una herramienta importante, pero solo si existe una verdadera articulación entre el Gobierno provincial, las operadoras mineras, las empresas contratistas y las cámaras proveedoras.

«Las leyes, si no se gestionan, no sirven para nada», resumió el dirigente, al recordar que anteriormente existieron normas destinadas a fortalecer a los proveedores locales que nunca llegaron a implementarse plenamente.

También consideró que la iniciativa debió haberse sancionado antes de la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que eso habría permitido consolidar previamente un marco de participación para los proveedores sanjuaninos.

Finalmente, desde CASEMICA insistieron en que el crecimiento de la minería debe traducirse en empleo, capacitación y oportunidades para las empresas locales. Para la entidad, el desafío ya no pasa únicamente por atraer inversiones, sino por garantizar que el desarrollo minero genere un impacto económico real en San Juan y beneficie a quienes viven y trabajan en los departamentos donde se desarrollan los proyectos.