Una clase pública de Derecho Constitucional por el cumplimiento de la ley
A 357 días sin que el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, en el pasillo lateral del Edificio Central de la UNSJ hubo una clase de Derecho Constitucional a cargo de dos abogados docentes de esta Universidad.
Promovida por la intersindical universitaria y a propuesta del gremio docente ADICUS, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llevó adelante una nueva clase pública en reclamo del cumplimiento de la ley por parte del Poder Ejecutivo Nacional. A este día martes 13 de octubre de 2026, el Gobierno lleva 357 días sin poner en práctica la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario (LFU).
En ese contexto, en el pasillo del costado del Edificio Central de la UNSJ, el cual comunica la vereda de calle Mitre con la de Ignacio de la Roza, los abogados Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino, docentes del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Universidad, ofrecieron la clase pública Derecho Constitucional.
“Hemos aceptado ser parte de esta propuesta por el basamento constitucional que tiene la ley y por el análisis constitucional que también reclama su aplicación”, dijo a Info U Suárez Jofré. A su lado, Javier Alamino se refirió a la colisión de derechos, por caso entre el derecho a huelga y el derecho a trabajar o a estudiar, situación devenida de las medidas de fuerza realizadas por docentes de los Institutos Preuniversitarios, quienes siguen perdiendo gran parte de su sueldo por el desfinanciamiento de la Universidad. “Siempre hay colisión de derechos”, indicó. Luego desarrolló: “En este caso del derecho a la educación y el derecho a la huelga, lo que entendemos es que hay que compatibilizar, pero nunca anular ninguno de ellos, como sucede en este caso, el derecho a la huelga”.
“¿Es el Estado el que debe hacer articular los derechos?”, le planteó este medio. “El Estado tiene que articular esos derechos, el Estado tiene que reglamentar los derechos para poder cumplirlos, pero la manera más importante de evitar este conflicto de derechos es resolviendo el conflicto de fondo”, arguyó Alamino. Y el conflicto de fondo es el no cumplimiento de la ley.
Luego, ya en la clase, Conrado Suárez Jofré, entre varios conceptos y sucesos políticos y jurídicos en torno a la LFU, y en respuesta al argumento del Poder Ejecutivo de que la ley debe prever su fuente de financiamiento, recordó que eso sirve para las leyes que crean nuevos derechos: “La Ley de Financiamiento Universitario no crea nuevos derechos, sino que alude a un derecho ya consagrado por la Constitución Nacional (a la educación) y que es protegido por leyes nacionales. Y esta ley no crea nuevas partidas presupuestarias ni implica su creación. No es un derecho nuevo, es un derecho ya existente dentro de una determinación social, de una decisión histórica de nuestra sociedad, podríamos decir”.