San Juan se movilizó en defensa de la universidad pública y exigió que se cumpla la ley de financiamiento
Estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, autoridades universitarias y organizaciones sindicales y sociales participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria. La columna partió desde la Plaza 25 de Mayo y culminó frente al Rectorado de la UNSJ, con reclamos por el presupuesto, los salarios y el sostenimiento de la educación superior.
La comunidad universitaria de San Juan volvió a movilizarse este jueves 15 de octubre en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria nacional que tuvo como principal objetivo exigir la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar mayores recursos para las universidades públicas.
La concentración comenzó por la tarde en la Plaza 25 de Mayo, desde donde partió una columna que recorrió distintas arterias del centro sanjuanino hasta llegar al Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), donde se realizó el acto de cierre. La movilización reunió a estudiantes de distintas facultades, docentes, trabajadores nodocentes, autoridades académicas, representantes gremiales y organizaciones políticas y sociales.
Al frente de la columna se ubicó el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, acompañado por integrantes de la conducción universitaria y representantes de distintos sectores de la comunidad educativa. También participaron agrupaciones estudiantiles y sindicatos, entre ellos ADICUS y SiDUNSJ, junto con organizaciones sociales y políticas que adhirieron a la convocatoria.
El reclamo por el financiamiento universitario
Uno de los principales ejes de la movilización fue la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma contempla medidas vinculadas con la actualización de los recursos destinados a las universidades y la recomposición salarial de sus trabajadores.
Durante la jornada, las consignas apuntaron tanto al financiamiento institucional como a la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes. Entre los mensajes exhibidos por los manifestantes se destacaron “Presidente, cumpla la ley” y “No me pidas futuro si desfinancian mi presente”, expresiones que sintetizaron el malestar de los sectores movilizados.
El reclamo también alcanzó a los recursos necesarios para sostener las becas estudiantiles, la investigación científica, la infraestructura y el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios.
La marcha se desarrolló en un contexto de conflicto entre las universidades nacionales y el Poder Ejecutivo por la implementación de la ley, así como por la evolución de los presupuestos y los salarios del sector. A esta discusión se suma el debate por el Presupuesto nacional 2027, que vuelve a colocar en el centro de la agenda la distribución de los recursos destinados a la educación superior.
La situación presupuestaria de la UNSJ
En el ámbito local, la preocupación por el financiamiento tiene un correlato en las cuentas de la Universidad Nacional de San Juan. Para 2026, la institución aprobó un presupuesto superior a los $127.385 millones. Sin embargo, autoridades universitarias advirtieron que los recursos disponibles se encuentran por debajo de los niveles históricos de inversión, con dificultades para sostener la capacidad operativa de la institución.
Entre los puntos señalados por la conducción universitaria figura el congelamiento de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento desde 2025. La falta de actualización suficiente de esos fondos, según los planteos difundidos por la universidad, afecta la planificación de las actividades académicas y administrativas.
A esta situación se suma el conflicto salarial, que atraviesa a docentes y trabajadores nodocentes y que repercute en la actividad de las facultades y los colegios preuniversitarios.
En los días previos a la movilización, la UNSJ también había impulsado actividades para visibilizar el reclamo. El martes 13 de octubre se realizó una clase pública de Derecho Constitucional frente al edificio central de la universidad, a cargo de los abogados docentes Conrado Suárez Jofré y Javier Alamino, en una iniciativa promovida por la intersindical universitaria a propuesta de ADICUS.
