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Femicidios: Patricia Bullrich aseguró que bajaron

¡Bajamos los femicidios un 12,1 por ciento!”, publicó Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, en sus redes sociales junto a un video en el que dice que “de 313 femicidios que hubo en 2017 bajamos a 275 en 2018”, y continuó proclamando que “es un logro muy muy importante de todos los organismos que trabajamos en el tema de violencia de género», y que «estamos muy contentos». Sin embargo, los números que dio la ministra, y que forman parte de un informe que realizó en conjunto la cartera con la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Sistema Nacional de Estadística Criminal, no coinciden con los datos sobre el tema que brindó la Corte Suprema de Justicia el 1º de junio pasado ni con otros registros como, por ejemplo, los registros que en CABA realizó la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

Según el informe presentado por el ministerio “en lo que respecta al período 2017-2018, la baja de los femicidios es de un 12,1 por ciento pasando de 313 hechos a 275, respectivamente”, en cambio, la Corte había indicado que los femicidios en 2018 fueron 278 y en 2017, 251. Es decir, el número de femicidios en 2017 que tomó el Ministerio de Seguridad habría sido ampliamente superior al que brindó la Corte para el mismo período de tiempo. Uno de los problemas centrales es que el informe del Ministerio no presenta la metodología que fue utilizada en la confección del mismo y otro es que durante 2018 en CABA, por ejemplo, los informes de la UFEM y de la Corte cuentan seis casos más que no consideraron en el informe del Ministerio.

Con respecto a esto, un documento de trabajo elaborado por el Observatorio de Violencia de Género perteneciente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires explicó que “se observan grandes limitaciones en los registros existentes en los distintos niveles del Estado, en relación a la disparidad de criterios para generar información sobre femicidios y otras violencias de género, como así también en el tipo de indicadores que son considerados para poder hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de las violencias que atravesamos las mujeres y las personas trans y travestis”. Además, en el mismo documento denunciaron que “esta disparidad en los datos no sólo da cuenta de los diferentes criterios para establecer qué muertes son definidas como femicidio, sino también de la imposibilidad de conocer la cantidad y características de muertes, en tanto se utilizan distintas metodologías que no permiten comparar los datos. Mientras que algunos registros toman los datos de las causas judiciales otros utilizan como fuente las noticias periodísticas”.

Laurana Malacalza docente e investigadora en proyectos de género y Derechos Humanos, expresó en diálogo con Página|12 que «otro tema preocupante es el número altísimo que arroja el informe de denuncias que existieron previas a los femicidios y que significa que muchas mujeres presentaron denuncias previas y sin embargo el Estado no logró darles la protección necesaria –cerca de un 18% indica el informe– ”. Por último, la investigadora destacó que alrededor del 30% de los femicidios ocurrieron con armas de fuego. «Eso hace poner el eje de la tensión en términos de cómo es el uso de las armas de fuego en nuestro país y la ilegalidad en términos de ese uso”, dijo Malacalza y luego analizó que “habría que investigar además, cuántas de esas personas que cometieron los femicidios con armas de fuego fueron integrantes de las fuerzas de seguridad ya que los integrantes de esa fuerza las utilizan  fuera del horario de trabajo”.

Por su parte, Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, sostuvo que «es crucial tener datos certeros acerca de los femicidios que existen en el país». «Desde la UFEM estamos trabajando en articular los datos a nivel nacional con los de la Corte; el Ministerio de Seguridad y con todos los Ministerios Públicos provinciales», dijo. Finalmente, la fiscal indicó que «puertas afuera también hay que articular con todos los Ministerios Públicos de otros países para tener indicadores comunes mínimos de femicidios de forma nacional y regional».

(FUENTE;PAGINA12)