Emergencia: Alberto ya piensa en el día después y mira al FMI
Desde la Casa Rosada se garantizaban anoche dos acciones consecutivas: la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Económica estará reglamentada, casi en su totalidad, la próxima semana; e inmediatamente después, comenzarán los contactos directos y formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La intención oficial, es que antes que termine el 2019 el organismo que maneja Kristalina Georgieva tenga ya sobre su escritorio las líneas generales y formales de lo que el oficialismo asegura, es un plan serio de “estabilización y consistencia macroeconómica”. O dicho de manera más sintética y directa; para el FMI, lo importante es que los números que en poco tiempo Martín Guzmán presentará ante el organismo (en Washington o en Buenos Aires), garanticen tres resultados innegociables para los acreedores. Que en 2020 el déficit primario no superará el 1%. Que la generación de dólares continuará a un ritmo constante de u$s1.500 millones mensuales. Y que la salida de divisas quede restringida a su mínima y casi simbólica expresión. Sólo así desde la sede del organismo se aceptará pasar a la segunda fase de la negociación: la fórmula para que Argentina pueda tener al menos dos años de gracia en el pago del capital e intereses de los u$s44.500 millones que se le deben al FMI.
El Presidente dio ayer pistas sobre la situación con el organismo, ante un auditorio VIP. Alberto Fernández almorzó (literalmente) con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), al afirmar que su administración “no está improvisando” y que el FMI “aceptó esta lógica de trabajo”. “Le hemos pedido al Fondo Monetario cambiar la lógica, que nos dejen construir un plan que sea sustentable y, sobre la base de este plan, nosotros resolver cómo pagar la deuda. El Fondo ha aceptado esta lógica de trabajo, no estamos improvisando. Tenemos un plan que silenciosamente hemos construido durante dos meses”, dijo.
La señal que el Gobierno tiene ahora desde Washington, es que una vez que todas las medidas estén en funcionamiento, será la hora de abrir el primer capítulo serio de tratamiento de la deuda externa argentina: la negociación con el FMI. La orden que dio Alberto Fernández a sus ministros y funcionarios directa o indirectamente involucrados en las medidas que, se descarta, se aprobarán en los próximos días en el Congreso (ver págs. 10 y 11); es que durante toda la próxima semana, estas estén reglamentadas y puestas en marcha. Especialmente aquellas, como el flamante impuesto PAÍS (30% a las compras de bienes y servicios y atesoramiento de divisas), que determinarían un rápido aporte recaudatorio. Saben en el Gobierno que se hace imprescindible que una variable clave muestre rápidamente resultados positivos: la recaudación impositiva, sí o sí, debe estar en el primer trimestre de 2020 por encima de la inflación mensual para que la promesa de un déficit fiscal controlado sea creíble.
Sólo entendiendo la lógica de la mirada puesta en el FMI, se entienden la decisión del Presidente de terminar volcándose a de la aplicación de retenciones a las exportaciones, especialmente a la soja; suspender la fórmula de indexación de las jubilaciones, avanzar sobre bienes personales y el molesto impuesto PAÍS. Sabe que aplicando este duro ajuste se analizarán con mayor seriedad las promesas de solvencia fiscal que la Argentina quiere plantear para comenzar a renegociar la deuda con el FMI y los privados. Y que la idea de garantizar un déficit fiscal primario ordenado para el 2020 y un equilibrio para el 2021 es una promesa seria y una convicción. Que sea con un ajuste sobre los privados y no sobre el gasto público, descarta Fernández, no será una queja de los hombres de Washington.
El Presidente tiene un antecedente que lo convenció. El propio organismo financiero había presionado en la última semana de agosto de 2018 al gobierno de Mauricio Macri al negociar la segunda versión del stand-by; para que aplique retenciones duras y clásicas contra el campo y modifique la fórmula de indexación dentro del sistema previsional; para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas nacionales ante el reclamo de una mejora de las condiciones del paquete de desembolsos del organismo. Fue en una reunión en Washington, durante los primeros días de septiembre del año pasado, donde Werner y el italiano Roberto Cardarelli le reprocharon a Nicolás Dujovne, la poca solvencia en los números fiscales que le mostraba el ministro de Hacienda. El entonces hombre fuerte de la relación del país con el FMI, le aseguraba a sus interlocutores del Fondo; que la intención del gobierno de Mauricio Macri era la de llegar este año a un nivel final de déficit primario cero. El ministro se comprometía a demoler todos los proyectos de obra pública, a congelar los gastos con proveedores, a reducir cualquier atisbo de gastos superfluo; como garantía para lograr el equilibrio fiscal.
En esa era los hombres de Washington ya no creían en sus promesas, y le reclamaban mayores esfuerzos fiscales para liberar el dinero que se negociaba. Al no haber mayores avances en las negociaciones, avanzó el equipo negociador de Christine Lagarde y, con los números fiscales sobre la mesa generados luego de la devaluación de abril del 2018; sin mayores vueltas le reclamaron por un regreso a las retenciones según el modelo que Macri había heredado del último kirchnerismo. Al regreso de Dujovne a Buenos Aires, comenzó una batalla en el gabinete macrista entre el ministro de Hacienda, al que acompañaba Marcos Peña; y el titular de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, que incluso amenazó con renunciar si el proyecto avanzaba.
FUENTE: ÁMBITO