Diputados aprobó el Fideicomiso Aporte DIA Vicuña para financiar obras de infraestructura en San Juan
La iniciativa obtuvo 22 votos positivos durante la Cuarta Sesión Especial de este martes. Los fondos aportados por Vicuña Argentina S.A. serán administrados por el Banco de San Juan bajo estrictos controles de trazabilidad.
En el marco de la Cuarta Sesión Especial celebrada este martes, la Cámara de Diputados de San Juan sancionó la ley correspondiente al expediente 2841-2026, mediante la cual se aprueba formalmente el contrato del «Fideicomiso Aporte DIA Vicuña».
La sesión fue presidida por el vicepresidente primero del cuerpo legislativo, Enzo Cornejo, quien estuvo acompañado por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández. Tras el debate en el recinto, la norma resultó aprobada por mayoría con 22 votos positivos, 2 negativos, 7 abstenciones y 5 ausencias.
El destino de los fondos y los actores involucradosEl contrato de este Fideicomiso Público fue celebrado originalmente el pasado 7 de octubre de 2026. En el acuerdo intervienen el Gobierno de San Juan y el Ministerio de Minería en carácter de fiduciantes, mientras que el Banco de San Juan S.A. actuará como fiduciario..
El objetivo central de esta herramienta financiera es destinar y aplicar los recursos aportados por la empresa Vicuña Argentina S.A. para el financiamiento de obras de infraestructura elegibles. Dichos proyectos están contemplados en el Acta Compromiso firmada entre la compañía minera y la Provincia el 5 de agosto de 2026 (ratificada posteriormente mediante los decretos N° 1066-MM-2026 y N° 1472-MM-2026).
Transparencia y ejecuciónPara garantizar el correcto uso de los recursos, el artículo segundo de la ley sancionada dispone que la administración y aplicación de los bienes fideicomitidos deberá realizarse exclusivamente según las finalidades previstas en el contrato y su Anexo I.
Asimismo, exige:
• Garantizar la trazabilidad de los fondos.
• Cumplir con la debida rendición de cuentas.
• Someter la gestión a todos los controles legalmente exigibles.
Finalmente, la normativa faculta al Poder Ejecutivo provincial a dictar las medidas necesarias a través de los organismos competentes para implementar y ejecutar la ley, dejando expresamente establecido que no se podrá alterar el objeto ni las condiciones esenciales del acuerdo original.
